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03 diciembre 2009

Manifiesto

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.


2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.


3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.


4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.


5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.


6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.


7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.


8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.


9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.


10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.


Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.


Entre una cosas y otras esta bitácora ha estado inactiva durante mucho tiempo, y viendo el panorama que se nos presenta(ba) a los internautas españoles gracias a la Sra. ministra de Cultura, mi vagancia ha retrocedido lo suficiente para permitirme publicar, al menos, el manifiesto creado para defender los derechos de los internautas españoles. Añado el (ba) porque debido a la masiva movilización el gobierno se ha visto obligado a rectificar y ya se da por descartado que en la ley se incluya este tema.

Además, altos dirigentes socialistas están bastante cabreados porque la ministra pretendía meterle un gol a toda España con este artículo de la ley de economía sostenible, que según se cuenta, entró a última hora en la misma, y que ha conseguido que todo el efecto positivo que se pretendía con esta ley, se quede en críticas al famoso párrafo

Espero que lo que acontecido en este país en las últimas 48 horas disuada a cualquier tipo de gobierno de intentar "ponerle puertas al campo" de internet. Pues, si bien está claro que el modelo de descarga masiva es insostenible y antes o después nosotros mismos nos daremos cuenta, el trozo de la ley referida al control de las descargas ilegales vulnera, desde mi humilde punto de vista, la separación de poderes -base del estado democrático-, y, también desde mi humilde punto de vista (de estudiante de ingeniería y lego en derecho), podría ser considerado incluso inconstitucional.

Porque lo más preocupante del famoso párrafo no es que se puedan cerrar webs "piratas", si no el precedente que se genera pudiendo suponer una forma de censura en la red (al estilo de la china y la cubana) y el procedimiento que se seguiría, a saber:

La reunión en el Ministerio ha servido para algo. Al menos hemos descubierto la letra pequeña de la reforma que planea Cultura, el procedimiento que se seguirá en caso de que una página incumpla la Ley de Propiedad Intelectual y se apruebe esta reforma. Según Guillermo Corral, director general de política e industrias culturales, y que es quien más explicaciones nos ha dado –la ministra salió de la sala a la media hora– el mecanismo será el siguiente.

Si existe una denuncia y la comisión considera que merece ser bloqueada, hablará con los servidores donde se aloje esa web para que la descuelgue de la red. ¿Y si la página está en un servidor de fuera de España? Según Corral, la solución consistirá en obligar a los operadores españoles, a Telefónica a Vodafone o a Ono, a que bloqueen desde sus máquinas el acceso a esa web.

No sé a vosotros, pero a mí me recuerda a la Gran Muralla China. De aprobarse la ley, no sólo existirá el mecanismo para cerrar páginas españoles sino también bloquear todo tipo de servicios digitales que, según ese comité, vulneren la propiedad intelectual. El Internet en España no será el mismo que en Francia, o en Estados Unidos, y tal cosa no la decidirá un juez, sino una comisión nombrada por el Gobierno. Es lo mismo que pasa en China o en Cuba.


Artículo sacado del blog de Ignacio Escolar, uno de los promotores del manifiesto y presente en la reunión de esta mañana en el Ministerio. Por cierto, bitácora que ha ganado los últimos dos años el premio bitácoras al mejor blog político. Muy recomendable.



Un bico e unha aperta